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Los hallazgos y conclusiones en el estudio realizado por la Universidad de las América Puebla (UDLAP) concernientes a los altos porcentajes de personas privadas de libertad en México sin la existencia de una sentencia definitiva que justifique la prisión ,es un espejo en el cual puede reflejarse la mayor parte de los paises latinoamericanos.
No es una particularidad exclusiva del sistema legal Mexicano esa forma de denegación de justicia causada en esencia por las carencias y obstáculos institucionales en la aplicación y seguimiento a las normas procedimentales en los procesos judiciales,especialmente aquellos procesos que tocan a sectores sociales víctimas de la exclusión socioeconómica, inherente al sistema desigual de distribución de riquezas en el modo histórico de producción capitalista.El carácter clasista de las leyes muestra así su discriminatoria desnudez.
Ya el año pasado, antes de los pormenores publicados esta semana por la Univesidad de las Américas Puebla, indicando que casi la mitad(46%) de la población carcelaria mexicana permanece en una prisión en espera de una sentencia.El grupo ASILEGAL cuando analizó la misma situación en 59 paises, había emitido una alerta sobre la gravedad de la problemática.visto el caso promedio de un 43% de presos preventivos, que como puede observarse empeoró en 2015 al incrementarse en un 3% la tasa en 12 meses .Muchos de los presos preventivos latinoamericanos mantienen más de 10 años en esa condición.
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La debilidad institucional en los sistemas judiciales de los paises pobres latinoamericanos tiene su origen en las restricciones presupuestarias, la degradación y manipulación de las instacias políticas y económicas al poder judicial y a la errada concepción clasista de masivos encarcelamientos, que encubran las deficiencias y fracasos en los planes de seguridad ciudadana,pero que al mismo tiempo, reproducen modelos de iniquidades ,impunidades y discriminaciones que lacera el principio de presunción de inocencia del acusado.
Al mantener privados de libertad a personas cuya responsabilidad en los hechos imputados no han sido meridianamente demostradas en las instancias judiciales, las sociedades y los sistemas de administración de justicia latinoamericanos, fomentan y fortalecen la cadena de criminalidad, pues exponen a altos porcentajes de ciudadanos a las tensiones y peligros usuales en las implacables mazmorras que constituyen en gran parte, las cárceles en nuestros paises,plagadas por sobrepoblaciónes,violencias,chantajes y extorsiones de principio a fin .
En otras palabras, estamos sometiendo a más ciudadanos a escuelas oprobiosas del crímen, cuyas perniciosas enseñanzas serán aplicadas en nuestra sociedades cuando tarde o temprano, esos presos preventivos sean lanzados a las calles.
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